Por: Ulises Rodas M.
Se estima que, en Pataz en los últimos cuatro años, han salido más de 33,000 volquetes con 674,160 toneladas de mineral aurífero sin trazabilidad, con un valor superior a 3,500 millones de dólares. Esta cifra refleja la magnitud del oro extraído ilegalmente en la región.
Aunque no se especifica la cantidad exacta de oro puro extraído ilegalmente solo en Pataz, considerando que Perú produjo alrededor de 77 toneladas de oro ilegal en todo el país en 2023, y que Pataz es uno de los epicentros de esta actividad, se puede inferir que una parte significativa de ese volumen proviene de esta provincia. En términos económicos, la minería ilegal en Pataz ha generado pérdidas millonarias para empresas formales como Poderosa, se calcula una afectación promedio de 300 mil onzas de oro en sus concesiones debido a la minería ilegal.
No existe una cifra oficial exacta de mineros ilegales en Pataz. Sin embargo, a abril de 2025, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) contabilizaba 2,928 mineros informales registrados extrayendo oro en la provincia. Es importante destacar que muchos de los inscritos en el Reinfo operan en la informalidad o ilegalidad, y la cifra real de mineros ilegales podría ser mayor, considerando a quienes no están registrados o han sido suspendidos, pero continúan operando.
Crimen organizado
Las bandas criminales comenzaron a asentarse en Pataz alrededor del año 2019, cuando se incrementaron significativamente las denuncias por minería ilegal en la zona. Desde entonces, estas organizaciones criminales han ido consolidando su control sobre la extracción ilegal de oro, llegando a contratar “seguridad” para proteger sus actividades ante robos y enfrentamientos con otras bandas.
Hasta inicios de 2024, cinco facciones criminales se disputaban el control de las minas en Pataz, pero en abril de ese año llegaron a un acuerdo para operar conjuntamente bajo el nombre de “La Gran Alianza”, con el fin de resguardar sus dominios y controlar hasta el 50% del oro extraído ilegalmente en la región. Estas bandas no solo se dedican a la extracción ilegal, sino que también están involucradas en actividades conexas como narcotráfico, sicariato y extorsión.
Violencia en la región
1. Control territorial y crimen organizado
Pataz es escenario de la operación de al menos 5 bandas criminales, alguna de ellas con presencia internacional y vínculos con exmilitares, que se disputan el control de socavones y túneles para la extracción ilegal de oro. Estas organizaciones, como “La Gran Alianza”, “La Jauría”, “Los Pulpos”, “Los Parqueros de Pataz”, y los Buitres de Pataz, han llegado a acuerdos para repartirse el control de las minas y defender sus dominios, incluso mediante el uso de armas de fuego y explosivos. El control de las minas ilegales permite a estos grupos obtener grandes beneficios económicos, lo que incentiva la violencia para mantener o expandir su poder. La violencia en Pataz ha alcanzado niveles críticos, ejemplificada por el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de la empresa R&R en abril de 2025, un hecho que se suma a una lista de al menos 39 personas asesinadas por bandas criminales en los últimos años.
Los ataques armados, secuestros, extorsiones y asesinatos se han vuelto frecuentes, afectando tanto a trabajadores de empresas formales como a mineros informales y autoridades estatales. La toma de galerías mineras y socavones suele implicar enfrentamientos letales y negociaciones violentas entre bandas rivales o contra empresas formales. Además de la minería ilegal, estas bandas están implicadas en otros delitos como narcotráfico, sicariato y extorsión, lo que agrava el clima de inseguridad en la zona.
La Gran Alianza. – Es una coalición de al menos cinco facciones criminales que llegaron a un acuerdo para controlar conjuntamente hasta el 50% del oro extraído ilegalmente en Pataz. Esta alianza incluye grupos que antes operaban por separado y se unieron para defender sus dominios y repartir ganancias. Entre sus líderes están Juan Manuel Blas Lezama (“Juancho”) y Miguel Antonio Rodríguez Díaz (“Cuchillo”), este último conocido por liderar incursiones violentas y ataques armados en socavones.
Los Parqueros de Pataz: Considerados uno de los grupos más asentados y poderosos, dirigidos hasta su detención en 2024 por Gregorio Palermo Segura Marcelo, apodado “el Pablo Escobar de Pataz”. Esta banda tiene un gran control territorial y se dedica a la minería ilegal, extorsión y ataques contra mineros formales y empresas.
Los Pulpos: Originarios de Trujillo, esta organización criminal se ha expandido a Pataz desde 2020. Son conocidos por sicariato, secuestros y extorsiones, y ahora también controlan actividades mineras ilegales en la zona. Su líder es Jhonson Cruz Torres (“Jota”).
Los Buitres de Pataz. – Banda integrada por exmilitares y criminales, vinculada a múltiples homicidios y actos de intimidación contra trabajadores y mineros formales.
Otras bandas. – “La Jauría”, “Los Compadres”, “La Gran Familia”, “La Banda del Gordo John” y facciones vinculadas al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.
Estas organizaciones se disputan el control de socavones y túneles, utilizan armas de fuego para intimidar y eliminar rivales, y diversifican sus actividades ilícitas en narcotráfico, extorsión y sicariato. A pesar del estado de emergencia declarado en Pataz, estas bandas mantienen una fuerte presencia y control territorial, generando un ambiente de violencia y criminalidad que afecta a la minería formal y a la población local. Las bandas criminales que operan en Pataz mantienen vínculos y presencia internacional, lo que fortalece su capacidad para controlar la minería ilegal y expandir sus actividades ilícitas.
2. Componente social
Alrededor de las minas ilegales proliferan burdeles y se reportan casos de explotación sexual y laboral, especialmente de jóvenes y mujeres vulnerables. La debilidad de la presencia estatal y la insuficiencia de las medidas de seguridad han permitido que la minería ilegal y el crimen organizado se consoliden en Pataz, convirtiendo la provincia en un “territorio sin ley”. A pesar de la declaración del estado de emergencia y la intervención policial y militar, los ataques y asesinatos continúan, evidenciando la dificultad de controlar la violencia asociada a la minería ilegal.
3. Presencia internacional y conexiones con exmilitares
Algunas de estas organizaciones cuentan con integrantes que son exmilitares y tienen conexiones fuera del Perú, lo que les proporciona experiencia en tácticas violentas y acceso a armamento sofisticado para controlar socavones y túneles en la región. Hay indicios de que ciertas bandas, como “Los Pulpos” y “La Gran Alianza”, tienen conexiones con grupos criminales internacionales, incluyendo la organización venezolana Tren de Aragua, conocida por actividades de narcotráfico, extorsión y sicariato, lo que amplía el espectro de sus operaciones y recursos. Algunas bandas mantienen operaciones permanentes en otras ciudades peruanas como Trujillo, y su influencia se extiende más allá de Pataz, lo que facilita el tráfico ilegal de oro y otros delitos conexos en la región andina y en mercados internacionales.
Efectos Negativos
- Efectos negativos en la economía local
Empresas formales como Minera Poderosa reportan pérdidas significativas, estimadas en cientos de millones de dólares, debido a la extracción ilegal en sus concesiones. Solo en el primer semestre de 2024, Poderosa calculó pérdidas por alrededor de 300 millones de dólares. La suspensión de actividades mineras formales, como la ordenada por el gobierno en Pataz, pone en peligro más de 4,000 empleos directos e indirectos, afectando no solo a los trabajadores sino también a contratistas, pequeños negocios y comunidades que dependen de la minería. La paralización de la minería formal en la región La Libertad, donde se ubica Pataz, podría generar una pérdida mensual de aproximadamente 25 millones de soles en canon y regalías para la región, y más de 80 millones de dólares en divisas por exportaciones mineras.
La inseguridad y la proliferación de minería ilegal generan un clima adverso para la inversión formal y extranjera, debilitando el desarrollo económico sostenible en la zona. La paralización abrupta de operaciones formales puede ocasionar daños irreversibles en infraestructura como presas de relaves, lo que a su vez puede generar costos adicionales y riesgos ambientales que afectan la economía local. La minería ilegal genera una economía clandestina multimillonaria que no contribuye con impuestos ni beneficios sociales, y que está vinculada a organizaciones criminales que generan violencia y desestabilización social, afectando el bienestar y la seguridad de la población local.
La inseguridad generada por la minería ilegal, que incluye ataques, secuestros y tomas de galerías mineras, dificulta el normal desarrollo de proyectos formales y pone en riesgo la infraestructura minera. La paralización de operaciones puede facilitar que mineros ilegales tomen control de las galerías, complicando aún más la situación. La minería formal aporta canon y regalías que podrían reducirse en aproximadamente 25 millones de soles mensuales para la región La Libertad debido a la suspensión de actividades mineras.
- Afectación al medio ambiente
La minería ilegal en Pataz tiene un impacto ambiental severo y multifacético que afecta gravemente los ecosistemas y la salud de las comunidades locales. El uso indiscriminado de mercurio y cianuro en la extracción ilegal de oro contamina ríos y cuerpos de agua, afectando la fauna acuática y la salud de las poblaciones indígenas que dependen del pescado como alimento principal.
La minería ilegal implica la remoción masiva de tierra y vegetación, lo que provoca deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad y erosión del suelo. Esto altera el equilibrio ecológico y reduce la capacidad de recuperación natural del territorio. En Pataz existen relaveras y pasivos ambientales mineros abandonados que contienen residuos tóxicos y metales pesados, los cuales representan riesgos ambientales y sociales prolongados. Estos pasivos requieren remediación para evitar daños mayores.
La actividad minera ilegal modifica el cauce de ríos y afecta la calidad del agua, generando sedimentos y contaminantes que impactan la disponibilidad y potabilidad del recurso hídrico para comunidades y ecosistemas. Alrededor de las minas ilegales proliferan problemas sociales como la explotación laboral y sexual, aunque no son ambientales, agravan el deterioro integral de la región.
- Inseguridad laboral
La minería ilegal afecta gravemente la seguridad de los trabajadores en Pataz, generando un clima de violencia extrema y riesgo constante para su vida y bienestar. La masacre de 13 trabajadores de la empresa R&R, contratista de Minera Poderosa, es el caso más emblemático. Estos mineros fueron secuestrados y ejecutados dentro de un túnel por bandas criminales que controlan la minería ilegal en la zona, elevando a 39 el número de trabajadores asesinados en años recientes. Las empresas mineras formales, como Poderosa, Horizonte, Marsa y Santa Bárbara, han sufrido múltiples ataques violentos por parte de mineros ilegales que buscan tomar el control de las concesiones o intimidar a sus trabajadores.
- Tráfico de armas
Las organizaciones criminales operan con armamento sofisticado, incluyendo fusiles de guerra y explosivos, que utilizan para proteger sus dominios y atacar a quienes se oponen o compiten en la extracción ilegal. Los trabajadores mineros no pueden desempeñar sus labores con tranquilidad, enfrentando amenazas, extorsiones y riesgo de sufrir violencia física o incluso la muerte, lo que afecta su calidad de vida y la estabilidad laboral. El gobierno ha desplegado un comando unificado de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para retomar el control territorial, realizar operativos contra la minería ilegal y proteger a la población, aunque la situación sigue siendo crítica debido a la complejidad y peligrosidad del entorno.
Medidas de seguridad
- Medidas de seguridad por las empresas mineras en Pataz
Las empresas mineras en Pataz, especialmente Minera Poderosa, han implementado diversas medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores y sus operaciones frente a la amenaza constante de la minería ilegal y la violencia asociada. La Poderosa ha contratado guardias y personal de seguridad privada para proteger a sus colaboradores y las instalaciones mineras, ante los constantes ataques y amenazas de bandas criminales. Mantienen comunicación permanente con las fuerzas del orden y autoridades locales para coordinar acciones de protección y denunciar actividades ilícitas.
En coordinación con el gobierno, se han establecido puestos de control en puntos estratégicos como Calquiche, Shicun y Pamparacra para supervisar el traslado de mineral, insumos y maquinaria, lo que ayuda a limitar el ingreso de materiales ilegales y proteger las concesiones formales. Las empresas respaldan el Decreto de Urgencia N.º 006-2025, que incluye la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para quienes operen irregularmente, la creación de rutas fiscales obligatorias y la implementación de un sistema piloto de trazabilidad del oro para garantizar la legalidad en la cadena productiva.
Poderosa ha concluido la construcción y equipamiento del frente policial en Pataz y el puesto de control Calquiche, fortaleciendo la presencia estatal y la seguridad en la zona. En conjunto, estas medidas buscan proteger a los trabajadores formales, asegurar el control territorial frente a la minería ilegal y colaborar con el Estado para restablecer el orden y la legalidad en Pataz.
- Rutas fiscales obligatorias
Las rutas fiscales obligatorias implementadas en Pataz bajo el Decreto de Urgencia Nº 006-2025 incluyen los siguientes cambios específicos:
Se establecen rutas fiscales específicas y claramente identificadas por donde exclusivamente debe transitar el transporte de insumos, materiales, maquinaria y productos mineros relacionados con la minería formal. Cualquier desplazamiento por rutas alternativas será inmediatamente intervenido y sancionado. Se han instalado puestos de control obligatorios en lugares clave como Shicun, Calquiche y Pamparacra para supervisar el tránsito de insumos químicos, explosivos, maquinaria y mineral, asegurando que solo circulen productos con documentación legal y trazabilidad.
En estas rutas fiscales operan equipos multisectoriales compuestos por funcionarios de diversas entidades como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Policía Nacional, Sunat, Sutran y Ministerio Público, para realizar controles integrales sobre transporte, tributación y legalidad.
Todos los vehículos de carga que circulen por estas rutas deben contar con sistemas GPS activos, cuyos datos son fiscalizados en tiempo real por la Sunat y Sutran, facilitando la supervisión y detección de irregularidades. El incumplimiento de las rutas fiscales y los controles establecidos conlleva multas, suspensión de habilitación vehicular por hasta 60 días, retención e internamiento de vehículos, y la revocación automática del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para quienes presenten inconsistencias o comercialicen mineral sin respaldo legal.
Las rutas fiscales obligatorias en Pataz controlarán el transporte y comercialización de los siguientes insumos y maquinarias vinculados a la minería ilegal:
El Mercurio, cianuro y otros productos químicos utilizados en la extracción ilegal de oro. Materiales explosivos empleados para la voladura en socavones y túneles. Equipos pesados y maquinaria utilizada para la extracción y procesamiento del mineral, como volquetes, retroexcavadoras, bombas, generadores y otros vehículos especializados. El mineral extraído, especialmente el oro, que debe contar con trazabilidad desde su origen hasta su comercialización. El objetivo es evitar el uso y traslado de maquinaria que facilite la minería ilegal y asegurar que solo circulen equipos autorizados y con documentación legal, contribuyendo así a la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado en la región.
Además, todos los vehículos que transporten estos insumos y maquinarias deberán circular exclusivamente por las rutas fiscales definidas y contar con sistemas GPS activos para su monitoreo en tiempo real. El incumplimiento de estas medidas será sancionado con multas, suspensión vehicular y revocación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en caso de detectar irregularidades. Estas medidas forman parte del Decreto de Urgencia Nº 006-2025, que busca fortalecer el control y la fiscalización para combatir la minería ilegal en Pataz.
- Trazabilidad del oro desde la extracción hasta la venta.
La trazabilidad del oro desde su extracción hasta su venta en Pataz se asegura mediante la implementación de un sistema piloto digital denominado “QORI”, que registra y controla toda la cadena de valor del oro. Este sistema, a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem), permite:
- Rastrear el oro en cualquiera de sus formas desde la unidad de producción hasta su destino final, incluyendo todas las operaciones de compra y venta. Controlar y verificar que el oro comercializado provenga de fuentes legales, evitando la mezcla con oro ilegal. Identificar y sancionar desviaciones en la comercialización, así como el uso irregular de insumos químicos, explosivos, maquinaria y vehículos relacionados con la minería ilegal. Integrar datos en tiempo real con sistemas de monitoreo GPS para vehículos de transporte de mercancías, supervisados por la Superintendencia de Transporte Terrestre (SUTRAN) y la SUNAT.
- Obligar a los comercializadores autorizados a reportar cada transacción en el aplicativo digital, garantizando transparencia y control. Este sistema fue establecido por el Decreto de Urgencia Nº 006-2025. Su objetivo es combatir el lavado de activos y la comercialización ilegal de oro, promoviendo la formalización minera y asegurando que los recursos naturales sean aprovechados de manera sostenible y legal en beneficio de las comunidades y el Estado.
¿Qué se registra en el aplicativo Qori?
Identificación de la unidad minera, número de Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) o autorización correspondiente, ubicación geográfica exacta, fecha de explotación y evidencia visual (fotografías o videos) del mineral extraído. Registro de las guías de remisión emitidas por los transportistas que movilizan el mineral, con datos sobre el vehículo, conductor y ruta seguida. Información sobre los compradores y vendedores autorizados, cantidades comercializadas, precios y fechas de las transacciones.
Datos sobre las plantas o talleres donde se procesa el mineral, incluyendo cantidades recibidas y producidas. Registro del destino del oro procesado, ya sea para exportación, almacenamiento o venta local, con documentación que respalde cada operación.
¿Quién supervisa del sistema Qori?
Entidades como la SUNAT y la SUTRAN tienen acceso directo a los datos registrados en QORI para realizar controles y supervisiones en tiempo real sobre el transporte, comercialización y origen del oro, asegurando que las operaciones cumplan con la legalidad. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) lidera la implementación y supervisión del sistema, en coordinación con la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, SUNAT, SUTRAN y otras entidades especializadas, para garantizar la integridad y eficacia del control. A través de puestos de control estratégicos en puntos como Shicun, Calquiche y Pamparacra, las autoridades verifican que el transporte de insumos, maquinaria y mineral se realice conforme a lo registrado en QORI, utilizando además sistemas GPS para monitoreo continuo.
Cuando se detectan inconsistencias entre la información declarada en QORI y los bienes transportados, o cuando el origen del mineral no coincide con lo reportado, las autoridades pueden revocar automáticamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y aplicar multas y otras sanciones administrativas.
Comunidades locales
- Las comunidades locales en la lucha contra la minería ilegal
Las comunidades sufren las consecuencias de la minería ilegal, como violencia extrema, desplazamientos forzados, destrucción ambiental y pérdida de vidas humanas. La masacre de 13 trabajadores en un socavón y la constante inseguridad generan un clima de miedo que afecta la vida cotidiana de los habitantes. Líderes locales y autoridades, como el alcalde de Pataz, han alzado la voz para denunciar la desidia del Estado y exigir mayor presencia y apoyo gubernamental. Se han organizado marchas y movilizaciones para visibilizar la crisis y reclamar desarrollo y seguridad para la provincia.
En algunos casos, las comunidades han participado en acciones coordinadas con el Gobierno Regional, la Fiscalía y la Policía Nacional para realizar intervenciones contra la minería ilegal, contribuyendo a identificar y denunciar actividades ilícitas. La presencia de organizaciones criminales armadas implica que quienes se oponen a la minería ilegal o colaboran con las autoridades enfrentan amenazas, violencia y persecución, lo que limita la capacidad de las comunidades para actuar libremente.
La ausencia de una presencia estatal efectiva y de políticas integrales de desarrollo ha llevado a que muchas personas de las comunidades se involucren en actividades ilegales por falta de alternativas económicas, perpetuando el ciclo de pobreza y violencia.
- Organización de las comunidades para proteger sus tierras
Líderes comunitarios, autoridades locales y organizaciones sociales han denunciado la grave crisis de seguridad y la expansión de la minería ilegal, exigiendo mayor presencia y acción efectiva del Estado. Han realizado marchas y protestas para visibilizar el problema y reclamar protección y desarrollo para la población. En algunos casos, las comunidades han colaborado con la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar y denunciar actividades ilegales, buscando frenar la minería ilegal y la violencia asociada.
A pesar de la amenaza constante de grupos armados que controlan la minería ilegal, las comunidades intentan mantener sus territorios y denunciar las agresiones, aunque muchas veces sufren desplazamientos forzados y viven bajo un clima de miedo. La falta de empleo formal y la escasa presencia estatal han llevado a que parte de la población se involucre en la minería informal o ilegal como única fuente de subsistencia, lo que dificulta la protección efectiva de sus derechos y tierras.
Algunas compañías como Minera Poderosa, Horizonte y Marsa han impulsado proyectos de infraestructura, educación y desarrollo social en las comunidades, buscando generar oportunidades que desincentiven la minería ilegal y fortalezcan la formalización.
Autoridades locales
Las autoridades locales en la lucha contra la minería ilegal
Existen reuniones de las autoridades locales con el Alto Comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para analizar la problemática y articular acciones multisectoriales contra la minería ilegal en la región y provincias aledañas. Las autoridades locales, incluyendo alcaldes provinciales y distritales, denuncian públicamente la expansión de la minería ilegal y sus consecuencias, como daños a infraestructura pública (centros de salud) y la migración de mineros ilegales a otras provincias, alertando sobre la necesidad de intervención urgente.
En coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, las autoridades locales participan en la implementación de operativos y el establecimiento de comandos unificados para retomar el control territorial y proteger a la población frente a bandas criminales que operan la minería ilegal. Colaboran en la aplicación de decretos de urgencia que establecen medidas como la creación de rutas fiscales obligatorias, instalación de puestos de control estratégicos (Shicun, Calquiche, Pamparacra) y la fiscalización de insumos y maquinaria, contribuyendo a fortalecer la supervisión estatal en la zona.
Gobierno central
Medidas del gobierno para combatir la minería ilegal
Decreto de Urgencia Nº 006-2025: Establece mecanismos de fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos, maquinaria y productos mineros relacionados con la minería ilegal. Se han creado rutas fiscales obligatorias y se instalarán puntos de control estratégicos en lugares clave como Shicun, Calquiche y Pamparacra para supervisar el transporte de insumos y minerales.
Se destinan más de S/ 52 millones para fortalecer la fiscalización, control y capacidades operativas de instituciones como el MINEM, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio Público, Sunat y Sutran. Se aplicarán multas, suspensión de habilitación vehicular, retención e internamiento de vehículos involucrados en actividades ilegales, para controlar el transporte de minerales y equipos.
El gobierno promueve la cooperación entre diversas entidades estatales para recuperar el control territorial y enfrentar el crimen organizado vinculado a la minería ilegal. Estas medidas buscan frenar la minería ilegal mediante un control más riguroso, trazabilidad, sanciones efectivas y fortalecimiento del Estado en zonas críticas como Pataz.
Resultados obtenidos a la fecha con estas medidas
Hasta la fecha, las medidas implementadas para combatir la minería ilegal en Pataz no han generado avances importantes, aunque el desafío sigue siendo complejo. Se han anulado 1,425 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en Pataz y distritos aledaños, impidiendo que estos registros sirvan de camuflaje para la minería ilegal y delitos conexos. Esto ha sido parte de una estrategia integral para recuperar el control territorial y la seguridad en la zona.
Se han instalado puestos de control en accesos claves como Shicun, Calquiche y Pamparacra, donde se fiscaliza el transporte de insumos químicos, explosivos, maquinaria y productos mineros, fortaleciendo la supervisión estatal y dificultando el traslado ilegal de materiales.
Sin embargo, especialistas y autoridades locales reconocen que la minería ilegal sigue siendo un problema grave debido a la presencia de crimen organizado, la debilidad institucional y la falta de una presencia estatal sostenida. La formalización minera enfrenta retos estructurales y la implementación de estas medidas requiere tiempo, recursos y una estrategia integral que incluya desarrollo social y económico para las comunidades afectadas.
Fuente: Abierta