Por Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán – UNI 1966. CIP 9927.
Presidente Directorio CESEL S.A.
Miembro Director Emeritus del External Advisory Board Civil and Environmental Engineering Georgia Institute of Technology
Los recientes desastres sísmicos en la región han vuelto a encender las alarmas en la opinión pública. La difusión de impactantes imágenes del colapso de edificios enteros —construcciones modernas, en apariencia formales y sólidas— ha generado una ola de conmoción y una pregunta inevitable: ¿realmente estamos a salvo dentro de nuestras propias viviendas?
El temor no es infundado. Recientemente, un doblete sísmico de magnitud 7.2 Mw y 7.5 Mw estremeció a Venezuela, dejando un saldo devastador que el Banco Mundial ha valuado en más de 19,600 millones de dólares en daños físicos directos, con 6,301 víctimas mortales y más de 58,000 edificaciones destruidas o afectadas. En Colombia, un sismo de 7.4 Mw en la región de Cali dejó hasta el momento un saldo de 273 fallecidos, 12,584 viviendas destruidas, 74,873 viviendas averiadas, más de 172 edificios colapsados y 2,198 centros educativos dañados.
Estas cifras resultan aterradoras por sí solas, pero cobran una dimensión aún más crítica al contrastarlas con la realidad peruana. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), para Lima se pronostica un megasismo de magnitud 8.8 Mw. Debido a que la escala sísmica es logarítmica, la energía liberada por un sismo de 8.8 Mw no es solo un poco mayor: es 126 veces superior a la del terremoto de Colombia (7.4 Mw) y 252 veces mayor a la del evento de 7.2 Mw registrado en Venezuela. Si sismos de menor energía destruyen estructuras modernas en países vecinos, ¿qué le espera a nuestra capital?
La ilusión de la formalidad y las fallas en el origen
Existe la falsa creencia de que solo las construcciones informales corren el riesgo de colapsar. Sin embargo, los eventos en Colombia y Venezuela demuestran que edificios teóricamente formales también se han venido abajo como castillos de naipes. En eventos internacionales similares, como el terremoto de Turquía de 2023 que dejó más de 50,000 muertos y donde colapsaron más de 5,700 estructuras, las investigaciones determinaron que las causas principales no solo fueron la antigüedad de las edificaciones antes de la actualización de los códigos sismorresistentes, sino el uso de materiales deficientes —concreto con exceso de arena y baja cohesión— y, sobre todo, una fiscalización estatal permisiva al momento de otorgar licencias.
En el caso turco, la responsabilidad estatal cobró especial relevancia debido a las denominadas “amnistías de construcción” (construction amnesties). Este mecanismo legal permitió la regularización masiva de más de 75,000 edificaciones en la zona afectada sin exigir la verificación técnica ni la acreditación de estándares sismorresistentes. En la práctica, se “legalizó” el riesgo.
Esta desconexión entre la norma y la realidad no es ajena a nuestra región. En Colombia, si bien la norma vigente NSR-10 exige rigurosos estudios geotécnicos y estructurales, la falta de actualización de inmuebles antiguos y la evasión de controles durante la ejecución terminan anulando el propósito de la ley.
A este escenario se suma una práctica corporativa sumamente riesgosa: el uso de los “proyectos enlatados”. Muchas empresas, buscando una supuesta “optimización de costos”, replican planos y diseños estructurales elaborados para otros países sin realizar los estudios profesionales de suelo ni efectuar los cálculos respetando la sismicidad local. Cabe preguntarse: ¿hasta dónde se puede reducir costos sin cruzar la delgada línea roja de la seguridad humana? ¿dónde termina la optimización de costos y dónde comienza la irresponsabilidad?
Trasplantar un proyecto sin considerar la mecánica de suelos particular de una zona ni su normatividad antisísmica E-030 en nuestro caso es, técnicamente, una imprudencia catastrófica y un acto ilícito reconocido como tal por nuestra legislación.
El eslabón perdido: La eliminación de la Memoria de Cálculo
Para entender por qué ocurren estos fallos en el ámbito local, debemos analizar cómo se otorgan las licencias de construcción. Antiguamente, formaba parte indispensable de los Expedientes Técnicos la Memoria de Cálculo Estructural. Este documento era fundamental para conocer cómo había sido concebida y calculada una estructura, y permitía a los evaluadores de las municipalidades verificar punto por punto si el diseño cumplía estrictamente con la Norma de Diseño Sismorresistente (E.030).
Lamentablemente, con la masificación del software de ingeniería, surgió el mito de que estas memorias eran “propiedad intelectual” o “know-how” de los profesionales por estar procesadas en programas bajo licencia. Bajo esa premisa engañosa, el requisito fue paulatinamente omitido de la revisión pública.
La realidad es simple: aunque un cálculo se realice mediante un software especializado, es totalmente posible y necesario presentar los parámetros introducidos, las características geométricas y materiales, las cargas consideradas, los criterios sísmicos adoptados, el modelo representativo de la estructura y los resultados obtenidos. Sin la entrega y revisión obligatoria de la Memoria de Cálculo, las autoridades firman licencias “a ciegas”, imposibilitando la verificación real de la capacidad sismorresistente de una edificación.
El valor de la licencia: ¿Seguridad real o mero trámite?
Cuando una autoridad otorga una licencia de edificación, le está garantizando implícitamente a los ciudadanos que la estructura a habitar es segura. En esa confianza, miles de familias invierten los ahorros de toda su vida para comprar un departamento.
Para evitar que Lima y otras ciudades del país se enfrenten a una tragedia sin precedentes ante el inminente megasismo de 8.8 Mw, es urgente fiscalizar el proceso constructivo desde su concepción:
- Restablecer la obligatoriedad de la Memoria de Cálculo detallada dentro de los expedientes técnicos para el otorgamiento de licencias.
- Exigir estudios de suelo locales y específicos, prohibiendo de forma categórica la homologación directa de planos importados (“proyectos enlatados”).
- Endurecer la supervisión en obra, garantizando que la calidad de los materiales y el armado de estructuras coincidan exactamente con lo especificado en los planos.
La ingeniería sismorresistente existe para salvar vidas: se cuenta con los conocimientos para diseñar edificaciones capaces de soportar terremotos severos. Las normas existen. Los excelentes profesionales peruanos existen. No podemos permitir que la optimización financiera ni la permisividad administrativa estén por encima de la seguridad estructural y conviertan nuestras viviendas en trampas mortales.
Bibliografía
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