El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional – IRIS, una herramienta que mide las prácticas que facilitan o dificultan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. IRIS forma parte del esfuerzo del IPE por analizar y difundir los factores que afectan la competitividad en las regiones del Perú.
El índice se lanzó al público durante un webinar que contó con la participación de Martín Valencia, gerente de estudios económicos del IPE; Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto y exministro de Economía y Finanzas; y José Carlos Chávez, exviceministro de Hacienda. El evento fue moderado por Carlos Gallardo, gerente general del IPE.
El IRIS se compone de 14 indicadores, agrupados en dos pilares: (i) Gestión Pública y Eficiencia Administrativa y (ii) Desempeño Institucional y Control de la Corrupción. El primer pilar analiza las prácticas en los procesos de contratación del Estado que abren espacios al mal uso de los recursos públicos. El segundo evalúa la percepción y la confianza ciudadana en los funcionarios públicos, así como la capacidad del Estado para detectar y sancionar la corrupción.
Los puntajes se expresan en una escala de 0 a 10 y permiten evaluar el cambio en los riesgos de integridad a lo largo del periodo 2019-2026: mientras más bajo el puntaje, mayor el riesgo. Según su puntaje, las regiones se ubican en cinco niveles de riesgo: bajo, medio-bajo, medio-alto, alto y muy alto. De cara a las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026, IRIS identifica los principales riesgos que las nuevas gestiones deberán atender.
Principales resultados
En 2026, ninguna región se ubica en el nivel de riesgo bajo, mientras que seis regiones se hallan en el nivel medio-bajo, (Tacna, Moquegua, Piura, Cusco, Loreto y Arequipa). En el otro extremo, Tumbes concentra el mayor riesgo y es la única región en el nivel de riesgo muy alto. Esta región registra el último lugar en 5 de los 14 indicadores: 43.6% de contrataciones directas, 61.7% de adjudicaciones con un solo postor, 72.4% de proyectos de inversión paralizados o abandonados y la menor aprobación ciudadana de su gestión regional (4.8%) y local (6.5%).
El deterioro de la integridad pública es generalizado: el puntaje de 22 de las 25 regiones se redujo entre 2019 y 2026. Así, las regiones en los dos niveles más altos (riesgo alto o muy alto) aumentaron de 3 a 10 en ese periodo, mientras que las de los dos niveles más bajos (riesgo bajo o medio-bajo) disminuyeron de 15 a 6. Este retroceso responde principalmente al pilar de Desempeño Institucional y Control de la Corrupción, al duplicarse la tasa nacional de denuncias por corrupción (de 5.2 a 10.9 por cada mil trabajadores públicos) y al reducirse la proporción de expedientes judiciales penales resueltos cada año (de 49.4% a 41.0% de la carga judicial).
Menor riesgo de integridad y mayor competitividad se complementan. Al comparar el IRIS 2026 con el Incore 2026, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y Lima*[1] combinan riesgos medios o bajos con una competitividad relativamente alta, mientras que Tumbes, Huancavelica, Ayacucho y Huánuco combinan mayor riesgo con menor competitividad. La integridad, sin embargo, no basta por sí sola. Loreto, Ucayali, San Martín, Cajamarca, Puno y Piura tienen riesgos medios o bajos y siguen entre las últimas posiciones en competitividad. En estos casos, se requiere además un entorno propicio para la inversión privada y fortalecer el capital humano, la infraestructura y la seguridad ciudadana, entre otros factores.
Lo urgente e importante
En 22 regiones, más de la mitad de los proyectos de inversión pública gestionados por los gobiernos regionales o municipalidades están paralizados o abandonados. Tumbes (72.4%) y Lima* (72.4%) registran las mayores proporciones del país, mientras que Tacna (43.3%) y Moquegua (44.5%), las más bajas. Según Luis Miguel Castilla, la paralización de estos proyectos responde principalmente a la baja eficiencia en la gestión, y a una fiscalización inadecuada, que va de la mano con la corrupción.
En 12 regiones, más del 40% de las contrataciones públicas se adjudican con un solo postor. Esta proporción alcanza el 61.7% en Tumbes y el 53.3% en Loreto, frente al 14.2% en Apurímac, la región con mejor desempeño en este indicador. La ausencia reiterada de competidores puede sugerir la existencia de requisitos hechos a la medida de un proveedor.
Las regiones gastan en diciembre, en promedio, el doble de lo que les correspondería si ejecutaran su presupuesto de forma uniforme durante el año. Con una ejecución uniforme, cada mes representaría el 8.3% del gasto anual, pero en diciembre el promedio nacional es 16.7%, cifra que alcanza 25.4% en Huánuco y 23.9% en Huancavelica. Una mayor concentración en diciembre se asocia con compras apresuradas y menor calidad de planificación.
Diez de las 25 regiones no llegan al 15% de aprobación ciudadana de la gestión de su Gobierno Regional (Gore) y, en 12 regiones, la aprobación de sus gobiernos locales se redujo respecto a 2019. Tumbes registra la menor aprobación del país tanto a nivel regional (4.8%) como local (6.5%), mientras que Loreto registra la mayor en ambos casos (35.7% y 47.7%, respectivamente). Ello es preocupante, pues, como mencionó José Carlos Chávez, la percepción modifica conductas. Cuando la confianza es baja, se genera incertidumbre y se postergan decisiones de inversión.
En 24 de las 25 regiones, las denuncias por corrupción han aumentado desde 2019, y en 22 regiones, las sentencias condenatorias por delitos de corrupción también son mayores. Las tasas de denuncia más altas se dan en Ucayali (21.5 por cada mil trabajadores públicos) y Áncash (19.2); las mayores tasas de sentencias se hallan en Ayacucho (12.6 por cada mil trabajadores públicos) y Madre de Dios (12.4).
Recomendaciones de mejores prácticas
A partir de la evidencia del IRIS, las principales recomendaciones son terminar o reformular las obras paralizadas antes de aprobar proyectos nuevos; revisar de forma periódica las contrataciones directas y los procesos con un solo postor; priorizar contrataciones asociadas al cierre de brechas de servicios básicos; y contar con un sistema de control que sancione sin paralizar las decisiones técnicas de los funcionarios.
[1] El área conjunta de Lima Metropolitana y Callao.