Por German Loyaga A.
Periodista especializado en economía.
En días pasados el diario Perú 21 publico un preocupante informe sobre la situación de la Contraloría General de la República, poniendo al descubierto todas sus deficiencias que denotan un deficiente trabajo desde hace muchos años, que no solo perjudican al Estado sino a muchos funcionarios que han visto manchadas sus carreras.
El objeto principal de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) es establecer y mantener el Sistema Nacional de Control, fiscalización y auditoría del Estado, regulando su funcionamiento para examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de las funciones y objetivos de las entidades públicas. En esencia, la ley busca garantizar la correcta gestión de los recursos públicos y la transparencia en la administración pública.
Pero cuando ese objeto de su propia Ley se ve distorsionada, entonces ahí se genera un grave problema para la propia institución, en este caso la Contraloría General de la República, y para los propios auditados
El informe periodístico detalla que desde el 2010 la CGR ha presentado 4,669 denuncias por presuntos actos de corrupción ante el Ministerio Publico, sin embargo, más del 47% han sido archivadas de manera definitiva, lo que demuestra el poco sustento de dichas denuncias. Otro 45% siguen sin resolverse, y aquí viene el gran problema, porque seguramente muchos funcionarios son inocentes y por el tiempo transcurrido, tienen manchadas su reputación por el tiempo transcurrido. De este total mencionado, solo 9 denuncias llegaron a sentencia.
Toda esta situación descrita en el informe periodístico, denota la falta de capacidad, criterio, idoneidad para realizar su trabajo del personal de la CGR, y en ese contexto la gran pregunta es ¿quién audita a la Contraloría; que es la principal causante de las trabas y el pánico de los funcionarios a firmar? Ya que, a juicio del informe, sus resultados son pobrísimos y los daños al país y a los inocentes son inmensos.
Incentivo perverso
Lo peor de todo, según precisa Perú 21, cada vez que se cuestiona su trabajo, sus máximos voceros salen a decir que no puede interferirse políticamente por su autonomía que la Constitución señala. Sin embargo, es pertinente precisar, que su autonomía tiene limites porque no son una isla en el Estado, y de acuerdo a las normativas pertinentes es el Congreso de la República, el llamado a ejercer esa función.
Y como dice el informe periodístico “los verdaderos perjudicados son los peruanos: por un lado, miles de casos de corrupción quedan impunes u olvidados, y por otro, se desperdician recursos en una entidad que no está funcionando. ¿Hasta cuándo? “
Pero hay algo mucho más grave, según Perú 21, “para 2025, la Contraloría ha solicitado S/478 millones de presupuesto bajo el argumento de necesitar fondos para seguir operando. Antes de recibir recursos deberían evaluar a sus funcionarios para determinar si son capaces de realizar su labor, desde 2010 no se hace, ya que dudamos de sus capacidades”.
Todo esto denota que, si se toma en cuenta que del total de denuncias formuladas, es decir, 4,669, el 47% han sido archivadas, entonces, los funcionarios que hicieron esas denuncias no cuentan con la necesaria experiencia para ello, y es muy probable que los estén obligando a presentar denuncias a como dé lugar, como una especie de cuota que no sería otra cosa que un incentivo perverso, pues caso contrario, como son personal contratado, cada periodo de tiempo pueden dejar de ser contratados, y por ello se ven obligados a presentar hallazgos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser penalizados, y de ahí que son archivados en un 47% y otro 45% descansan el juicio de los justos porque son frágiles y en algún momento también se archivarían.
De Ripley
Solo para graficar algunos de los males de la CGR, y que es de ripley, si dos ingenieros en una obra determinada opinan diferente, entonces para la CGR, uno de ellos comete delito. Y a todas luces eso es una tremenda barbaridad, y eso significa que estamos patas arriba en el país, y por eso en las inversiones publicas no se avanza, y no se avanza, porque nadie quiere firmar nada. Y la verdad, este ejemplo no solo es aplicable a la CGR, sino también similarmente ocurre en la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial.
En síntesis, no se respeta la discrecionalidad profesional, en este caso del ingeniero. Si este tiene una opinión profesional diferente al del inexperto auditor de la CGR, lo denuncian y le abren proceso por sus opiniones que expresa en sus cartas o informes. Por eso es que nadie firma ningún trámite o carta oficial, y como consecuencia de ello, todo se traba. Y lo mas curioso o fastidioso es que si fuera las opiniones de 2 médicos, abogados, economistas, contadores, etc., etc., ahí se vale que discrepen, pero los ingenieros, están vetados.