Por: Ulises Rodas
El canciller Hugo de Zela informo al país que Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Perú y cercana al expresidente Pedro Castillo, ha sido asilada por México en su embajada en Lima. Quien expresó su rechazo y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, aunque se mantienen los servicios consulares para ciudadanos de ambos países.
Chávez es investigada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Castillo y, en los días previos al asilo, no asistió a tres audiencias consecutivas en su juicio ante la Corte Suprema. Su ausencia se justificó inicialmente por razones de salud, pero el certificado médico presentado fue desmentido por la clínica supuestamente emisora, lo que llevó a la expulsión de su abogado. Su nuevo defensor admitió no saber su paradero.
El gobierno peruano rechaza la idea de que Chávez o Castillo sean víctimas de persecución política, insistiendo en que ambos están siendo juzgados con todas las garantías legales. La magistrada a cargo del caso recordó que Chávez tiene la obligación legal de asistir a todas las audiencias, y su ausencia podría tener consecuencias procesales.
México defendió su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, calificándola como plenamente fundada en el derecho internacional, la Constitución mexicana, la Convención de Caracas sobre Asilo Político y la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político.
El gobierno mexicano afirmó que el asilo es un acto pacífico y humanitario, en línea con la Resolución 2312 de la Asamblea General de la ONU, que establece que no debe considerarse inamistoso por otros Estados.
México rechazó como “injustificada” la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por Perú, aunque reconoció que se mantienen los servicios consulares entre ambos países.
Las autoridades mexicanas argumentaron que Chávez podría ser víctima de persecución política, vinculando su caso al del expresidente Pedro Castillo, a quien consideran perseguido tras su destitución en el año 2022, en un proceso que México califica como irregular y violatorio de derechos humanos.
Subrayaron la tradición humanista de México, recordando su historia de protección a refugiados políticos, como los españoles tras la Guerra Civil y víctimas de dictaduras sudamericanas. Finalmente, reiteraron que solo el Estado que otorga asilo tiene la autoridad para determinar si existe persecución política, y que su acción no constituye injerencia en los asuntos internos del Perú.
Golpe de Estado
El golpe de Estado que dio Pedro Castillo junto con su primera ministra Betssy Chávez fue un acto público, que no puede ser ignorado o desconocido por la presidente de México. México no puede hacer comparaciones de protección a los refugiados políticos, como los españoles de la Guerra Civil y víctimas de dictaduras sudamericanas, con el caso Betssy Chávez.
El Perú no tiene un gobierno dictatorial, en primer lugar, y en segundo lugar, Betssy Chávez está siguiendo un proceso judicial con todas las garantías del debido proceso, por un poder judicial autónomo. Por lo que el rechazo de Perú a una supuesta persecución política está bien fundamentado; México ha insistido en tener injerencia en asuntos internos del Perú, por lo que el rompimiento de las relaciones diplomáticas está justificado.
Chávez está sujeta a un proceso judicial con plenas garantías por su presunta participación en un golpe de Estado. México no puede convertirse en un país que dé asilo político a presuntos delincuentes que se asilan para no afrontar su proceso judicial conforme a ley. La pregunta que sigue es a quién más México está dispuesto a dar asilo político: a Cerrón, Vizcarra, Susana, PPK, Bellido, etc.