Mediante Comunicado Público, la Asociación de Exportadores (Adex), La Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Perú Cámaras, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), la Plataforma Nacional de Gremios Mipyme, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, expresan su más sentidas condolencias a las familias de los 13 trabajadores asesinados en la provincia de Pataz, víctimas de una banda criminal vinculada a la minería ilegal.
El Comunicado del gremio empresarial y de trabajadores, condenan este atroz crimen que revela el alarmante grado de violencia e impunidad al que ha llegado el crimen organizado que opera en zonas dominadas por economías ilegales. Todo ello, a pesar de la vigente declaratoria de Estado de Emergencia y de la presencia militar en la región.
Este hecho no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada, así como del mantenimiento de mecanismos como el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que lejos de contribuir a una verdadera formalización, ha permitido durante años la expansión de actividades ilegales.
Detallan que no solo los empresarios y trabajadores mineros se ven constantemente amenazados y agredidos por los criminales, sino también los trabajadores de todos los sectores, así como los empresarios y emprendedores de todo el país.
Ante este escenario, resalta el Comunicado, los empresarios y trabajadores hacen un llamado urgente al Gobierno para que asuma con responsabilidad, liderazgo y decisión el desafío de reprimir y erradicar el crimen organizado. Demandan que es indispensable diseñar e implementar una política pública coherente, que permita combatirlo y, al mismo tiempo, promueva una formalización genuina, transparente y sostenible del sector minero, en beneficio de todos los peruanos.
No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad. El Perú necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo formal, puntualiza el Comunicado Público.