La Contraloría General detectó un perjuicio económico mayor a los S/ 18.7 millones durante la ejecución de dos contratos a cargo de Provías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En total, 15 funcionarios y servidores tendrían responsabilidad civil por las pérdidas ocasionadas al Estado.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento, en la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Tramo: Puerto Súngaro–DV San Alejandro, que une las regiones Huánuco con Ucayali, la entidad no aplicó penalidades por más de S/ 5.1 millones a la empresa contratista por haber valorizado trabajos no ejecutados ni a la empresa supervisora por no haber observado estos hechos.
Actualmente, las deficiencias constructivas en esta carretera valorizada en más de
S/ 439 millones han imposibilitado que exista un tránsito vehicular eficiente y seguro, lo que afectó a más de 169 mil pobladores y genera el riesgo de posibles accidentes. La comisión auditora también ha constatado la presencia de 32 fallas como hundimientos del pavimento y grietas. No obstante, de acuerdo con el contrato, la empresa es responsable por los defectos o vicios ocultos que aparezcan en la obra hasta julio de 2026. Cabe precisar que la auditoría comprendió el periodo 30 de enero de 2015 al 31 de enero de 2020.
Corredor vial en Puno
De acuerdo con el Informe de la Auditoría de Cumplimiento, el servicio fue contratado bajo el esquema de cumplimiento de niveles de servicio y el sistema de precios unitarios, por el cual el contratista, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del referido servicio, en el componente de mejoramiento, debía asumir el riesgo de ejecutar los trabajos necesarios para alcanzar los niveles de servicio requeridos (mejoramiento de la vía) y su posterior mantenimiento (conservación) para garantizar la continuidad, fluidez y seguridad en este corredor vial.
Durante la ejecución del contrato por S/ 178.2 millones, en la etapa de elaboración del Plan de Mejoramiento, el contratista, pese a haber identificado los metrados necesarios para cumplir con los requerimientos de la vía, los consignó reducidos en el presupuesto para mantener el precio ofertado por kilómetro. De esta manera, calificó como “mayores metrados” al resto de trabajos necesarios, con el fin de que fueran reconocidos y pagados a través de una prestación adicional que, posteriormente, solicitó por más de S/ 16.4 millones.
La entidad aprobó la referida prestación a pesar de que los denominados “mayores metrados” no cumplían los requisitos legales y contractuales para su aprobación como prestación adicional, pues formaban parte del alcance original del contrato, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado y los términos de referencia, con un perjuicio económico de S/ 12.4 millones contra la entidad. En este caso, el periodo auditado fue del 30 de noviembre de 2017 al 19 de setiembre de 2023.
Los resultados de las auditorías de cumplimiento fueron comunicados a la Procuraduría Pública de la Contraloría General a fin de que inicie las acciones civiles a los 15 funcionarios y servidores de Provías Nacional (5 personas en el caso de la carretera Puerto Bermúdez–San Alejandro y 10 en el caso del corredor vial de Puno). Asimismo, se notificó al titular de la entidad auditada.