Mediante Pronunciamiento Público, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, en ejercicio de su rol como colegio profesional de carácter técnico–consultivo, y en defensa del interés público, la correcta utilización de los recursos del Estado y la promoción de soluciones de ingeniería técnica, económica y socialmente viables, expresando su profunda preocupación respecto de la gestión de los proyectos de la Nueva Carretera Central y el Viaducto Santa Rosa, ejecutados bajo el esquema de Gobierno a Gobierno (G2G).
En ese sentido, el Comunicado precisa que el CIP Lima exige al Gobierno y a los órganos competentes a revaluar críticamente la utilización del esquema G2G, cuando este no ha demostrado eficacia, eficiencia ni generación de valor público, y por el contrario ha producido sobrecostos, dilaciones injustificadas y una dependencia excesiva de personal extranjero, en desmedro de la capacidad técnica nacional. Estas preocupaciones se enmarcan en las finalidades esenciales del Estado previstas en la Constitución Política del Perú, así como en el deber de los funcionarios públicos de cautelar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Provias Nacional
Según precisa el Pronunciamiento del CDL CIP, como es de conocimiento público, Provías Nacional ha adoptado la decisión de aplicar la cláusula anticorrupción prevista en el Contrato G2G de la PMO – Francia, dirigida expresamente a la empresa EGIS, en relación con los proyectos de la Nueva Carretera Central y el Viaducto Santa Rosa, ambos de vital importancia para el país. Sin embargo, resulta altamente preocupante que, luego de cinco (5) años de gestión, de un plazo total de diez (10) años otorgado para la elaboración de estudios y la culminación de las obras, no se hayan concluido siquiera los estudios necesarios, y que durante dicho periodo se hayan suscrito once (11) adendas contractuales.
Asimismo, agrega, se ha evidenciado que los costos asociados al personal técnico extranjero son aproximadamente diez (10) veces mayores a los que hubiera representado la contratación de un equipo peruano de alta calificación, lo cual resulta incompatible con los principios de eficiencia, razonabilidad y buena administración que deben regir toda actuación estatal, incluso bajo esquemas especiales como el G2G. Todo ello se traduce en una deficiente calidad de gestión, elevados niveles de incertidumbre y un manejo incontrolado de los recursos públicos.
CIP Lima
Igualmente, precisa que desde el año 2022, el CIP Lima ha emitido diversos pronunciamientos relacionados con la Nueva Carretera Central, en los cuales se ha advertido de manera técnica la inviabilidad del trazo propuesto por EGIS y sus graves impactos económicos para el país. En esa misma línea, con fecha 7 de marzo de 2024, se emitió el Sexto Pronunciamiento sobre la Nueva Carretera Central, mediante el cual se alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre sanciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las empresas filiales EGIS Eau S.A.S. y EGIS International S.A.S., por infracciones acreditadas en procesos de supervisión internacional en proyectos de saneamiento en Panamá.
Asimismo, añade que el frente a dichos antecedentes, resulta jurídicamente pertinente cuestionar la oportunidad y coherencia en la aplicación de la cláusula anticorrupción, considerando el principio de igualdad ante la ley y la obligación de las entidades públicas de actuar con predictibilidad, coherencia administrativa y diligencia debida. En tal sentido, cabe preguntarse por qué dicha cláusula no fue aplicada oportunamente cuando ya existían antecedentes sancionadores de carácter internacional.
En el escenario actual, agrega, el CIP Lima exige que Provías Nacional cancele el esquema G2G para estos proyectos y descarte la designación de una nueva PMO que sustituya a EGIS. De persistirse en la intención de mantener dicho esquema, pese a los cuestionamientos formulados por diversas instituciones, entre ellas el CIP, corresponde exigir una explicación técnica y administrativa debidamente motivada que justifique por qué no se considera al segundo lugar del orden de prelación del concurso realizado en el año 2021, en el cual participaron los gobiernos de Corea del Sur, Francia, España y Japón.
Igualmente añade el CDL CIP, que cabe precisar que dicho proceso fue observado por la Contraloría General de la República, conforme al Informe de Hito de Control N.º 10918-2021-CG/MPROY-SCC, de fecha 3 de junio de 2021, documento oficial de control gubernamental que advirtió deficiencias de transparencia y cuyo contenido debió ser atendido de manera preventiva y correctiva por la entidad ejecutora.
EGIS
El Pronunciamiento Público, recuerda, además, que en el año 2022 la empresa EGIS prestó servicios de consultoría para la elección del trazo denominado “Corredor Verde”, asumiendo funciones incompatibles con las propias de una PMO, y realizando un análisis deficiente de alternativas en las quebradas del Rímac, Lurín y Tinajas. Como consecuencia, se optó por un trazo técnicamente ineficiente, social y ambientalmente desfavorable, que no alcanza la ciudad de La Oroya y cuya longitud excede en más de cuarenta (40) kilómetros al trazo actual entre Ate y Pachachaca.
En ese sentido, el CIP Lima advierte que la viabilidad del proyecto no se encuentra garantizada, toda vez que los estudios socioeconómicos permanecen inconclusos y se vienen incorporando adendas de manera recurrente con el propósito de introducir artificios que permitan alcanzar un beneficio – costo positivo, el cual resulta técnicamente inviable. La continuidad de un proyecto en tales condiciones podría generar contingencias legales, contractuales y patrimoniales para el Estado, cuya prevención constituye una obligación ineludible de las entidades competentes.
Ante este contexto crítico, sin precedentes en la historia reciente del país, el CIP Lima recomienda al MTC la realización de una auditoría técnica integral independiente, orientada a evaluar la razonabilidad del análisis de alternativas efectuado por EGIS, la coherencia técnica de los estudios, y la congruencia entre costos, plazos y resultados esperados. Dicha auditoría debe permitir esclarecer los diversos “acuerdos” suscritos con consultores internacionales que continúan generando elevados costos, sin que exista claridad sobre su real utilidad para el interés público.
Propuestas Técnicas
Tal como se ha señalado de manera reiterada desde el año 2022, el CIP Lima ha formulado propuestas técnicas orientadas a identificar una alternativa viable que permita una adecuada conexión entre Lima y la Sierra Central. Si bien dichos planteamientos no fueron oportunamente atendidos por las autoridades del MTC ni por el Gobierno Regional de Lima, estos han sido perfeccionados con aportes técnicos de especialistas del CIP Lima, demostrando la solvencia, capacidad y experiencia de los ingenieros peruanos.
Finalmente, el CIP Lima exige al MTC a prestar la debida atención a los planteamientos formulados, promoviendo un trabajo conjunto, transparente y profesional, basado en criterios técnicos consensuados que permitan definir la mejor infraestructura en beneficio del país. Ello debe realizarse bajo enfoques de transporte multimodal y procedimientos propios de la ingeniería moderna, valorando el talento nacional y evitando la dependencia de supuestas “empresas especializadas” que, lejos de contribuir al desarrollo, se benefician de la inestabilidad política y administrativa.
El Pronunciamiento Público, precisa el CDL CIP constituye una opinión técnica institucional no vinculante, emitida en defensa del interés público y del adecuado ejercicio de la ingeniería, sin perjuicio de las competencias exclusivas de las entidades del Estado.