El próximo 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor y el Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI) de la Asociación de Empresas de Productos Eléctricos Internacionales, ha elaborado un documento de investigación que ha denominado ¿Qué esconde el consumo informal de productos eléctricos en el Perú?, que está relacionado con el caso del incendio del Centro Comercial Nicolini ocurrido en el 2017.
Como se recuerda el caso Nicolini es considerado como un símbolo de la informalidad extrema, donde el incendio del Centro Comercial Nicolini (Cercado de Lima) en junio de 2017, significo la perdida de vida de dos jóvenes, que murieron encerrados en un contenedor mientras falsificaban productos eléctricos, que en su momento representó la manifestación más cruda de la informalidad en el Perú.
El documento de investigación evidencia que el consumo de productos eléctricos ilegales o subestándar tiene un costo directo en vidas humanas, además de contribuir a la criminalidad, la explotación laboral y la trata de personas, generando una pérdida económica equivalente al 1% del PBI nacional. Según precisa el documento, anualmente ingresan al Perú más de 12 millones de productos eléctricos ilegales (90% provenientes de China, Hong Kong, Tailandia y Turquía).
Impacto Económico y Social
Alrededor del 70% de las viviendas en el país se edifican sin criterios técnicos. Entre 2008 y 2020 se construyeron 570 mil viviendas informales solo en Lima, donde aproximadamente el 38% de las compras de materiales proviene del mercado informal. El costo de una vivienda autoconstruida asciende a USD 61,449, mientras que una formal cuesta USD 38,670, lo que implica que las familias asumen sobrecostos que perpetúan el ciclo de pobreza.
Sector Eléctrico
El documento de investigación precisa que, en el Perú, se comercializan USD 60 millones en productos eléctricos falsificados anualmente (40% destinado a la construcción). Asimismo, un 70% de los productos eléctricos que llegan al país no cumplen requisitos mínimos de calidad. Igualmente detallan, que un producto subestándar ingresa con un valor promedio 70% menor (precio FOB) que uno legal.
Según se precisa, esta situacion se traduce en más de 12 millones de productos ilegales que ingresan al año, muchos de ellos destinados a la construcción de viviendas que albergarán a las familias con mayor necesidad económica del país. Hablamos de un círculo vicioso donde la informalidad no solo mata, sino que también le quita al país.
37 incendios diarios
El documento de investigación del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales, detalla que se producen 37 incendios diarios en el país, de los cuales 7 de cada 10 son de origen eléctrico, resultando en 700 personas quemadas anualmente por esta causa.
El sector eléctrico, en particular, se ha convertido en un espacio donde la informalidad laboral y comercial se retroalimentan con consecuencias letales. Cuando un trabajador informal instala un cableado ilegal, subestándar en un edificio o vende un interruptor que no soporta la carga eléctrica que sí lo hace el original, está sembrando futuros incendios, electrocuciones o accidentes mortales.
Perdidas económicas
La comercialización de productos eléctricos ilegales genera una pérdida económica equivalente al 1% del PBI, es decir, este porcentaje representa al 2026 US$ 310,000 millones. Con ese monto, el Estado podría construir 14 o 15 hospitales de alta complejidad o 2,000 puestos de salud; así también se podría cubrir el 65% de toda la inversión municipal anual del país. Habilitar 672,000 lotes urbanizados y contratar 19,300 inspectores laborales nuevos, así como implementar 135 sistemas de videovigilancia (324,000 cámaras), para reducir la informalidad.
Finalmente, el documento concluye que la informalidad en el sector de productos eléctricos es un problema público que afecta derechos fundamentales, genera pérdida de productividad, sostiene cadenas de explotación (trabajo forzoso y trata), debilita la capacidad del Estado, perpetúa la desigualdad y, sobre todo, cobra vidas humanas a través de incendios y electrocuciones evitables.
El caso Nicolini es el síntoma de una enfermedad estructural que el Estado y la sociedad deben abordar de manera coordinada para evitar que la tragedia y la precariedad siga siendo “normalizado” en el Perú.