Por: Pedro Rómulo Buleje Buleje
Doctor en Políticas Públicas y Gestión del Estado
Analistas políticos coinciden en que el desencadenamiento de la crisis de gobernabilidad en el Perú se puede determinar en el 2016, y desde entonces este fenómeno solo se ha agudizado progresivamente a tal punto que hoy podemos aseverar que ha devenido en una crisis sistémica multidimensional, es decir, que nos enfrentamos a una crisis estructural que no solo involucra las dimensiones política y social, sino además la económica, social, jurídica, de seguridad, institucional, cultural y ambiental. Las causas de dicho proceso de deterioro se atañen básicamente a ciertos factores endógenos (la débil cultura política democrática, los altos índices de corrupción en el Estado, los desastres ocasionados por los fenómenos naturales) y exógenos (la pandemia de la COVID-19, el cambio climático global, y las guerras ruso-ucraniana e Israel-Hamás,); sin embargo, cada día es más evidente que dichas causas solo revelan los fallos y carencias estructurales que el Estado arrastra por años.
En este complejo escenario, resalta la ineficiencia de la gestión pública en el cierre de las brechas sociales y de infraestructura del país, para gestionar de manera eficiente y eficaz los servicios públicos que se brinda a los ciudadanos y satisfacer así sus legítimas demandas que son cada vez más crecientes y diversificadas. Esta crisis sistémica multidimensional ha rebasado largamente las capacidades del Estado y de su administración pública, lo cual nos debe llevar a una profunda reflexión sobre la necesidad y urgencia de impulsar transformaciones o cambios radicales, ya que además de los casos de flagrante inacción, los que se intentaron hacer hasta la fecha solo han terminado siendo superficiales o paliativos y mayormente fueron producto de decisiones políticas reactivas adoptadas, ya que se pusieron en marcha para atender ciertos reclamos o aplacar conflictos sociales, es decir, bajo presión ciudadana.
En ese contexto, la administración pública en el Perú se retrata como un mosaico híbrido y anticuado de diversos modelos de gestión poco articulados, ya que tanto los 18 sistemas funcionales (ministerios) como los 11 sistemas administrativos transversales que la conforman evidencian serias carencias en la gobernanza de su interoperabilidad. Estos modelos de gestión coexistentes en el país son el: clientelar, burocrático, gerencial, regulador, y de gobernanza. De hecho, el modelo de gestión dominante en dicho mosaico híbrido es el burocrático con fuertes resquicios de un neoclientelismo político, el cual genera nocivas externalidades negativas (corrupción, ineficacia, ineficiencia) en el funcionamiento del Estado, que finalmente repercuten desfavorablemente en el desarrollo del país y en la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, en este punto, es pertinente relievar el cambio de enfoque de la política nacional de modernización de la gestión pública al 2030, publicada el 2022 y vigente a la fecha, con respecto a la misma política derogada que data del 2013, ya que de un enfoque centrado en la gestión interna se apuesta por otro centrado en el diseño de bienes, servicios y regulaciones de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, como centro de inspiración y destino de toda decisión pública, es decir, se establece que la gestión pública no es un fin en sí mismo, sino un medio para facilitar la materialización de los derechos humanos, enfatizando el enfoque territorial y orientándose en el paradigma de gobernanza pública, que prevé un nuevo estilo de gobierno con grados crecientes de cooperación e interacción entre los diferentes actores de una sociedad (Estado, empresas, academia, organizaciones, sociedad civil).
Con relación a ello, debemos precisar que nuestra propuesta se centra en el diseño de un sistema inteligente de administración pública a partir de la reestructuración de los modelos de gestión vigentes en el país, así como de la smartificación y robotización de los procesos burocráticos, en otras palabras, proponemos un mapa de ruta o la estrategia integral para viabilizar una administración pública inteligente como un paradigma innovador y transversal a los modelos de gestión pública ya existentes. Desde esa óptica, los dos planteamientos no son en nada opuestos sino por el contrario, ambos son perfectamente viables y complementarios.
Ciertamente, para que el Estado se reconcilie con la sociedad y dejar atrás la mala práctica de tomar decisiones públicas de manera reactiva y en muchos casos sesgadas o erráticas, a lo que se añade la corrupción política y administrativa en la gestión pública, lo que incide negativamente en la calidad de las políticas públicas, y, por tanto, en el bienestar y el desarrollo del país, es necesario y urgente realizar transformaciones tanto en la gestión de los servicios públicos que se brindan a los ciudadanos para generar un mayor valor público, como en el propio modelo de gestión basado en un cambio de actitud y discurso en los actores y las instituciones públicas hacia la consolidación de una auténtica cultura de servicio público en el país.
Lo que corresponde entonces, es procurar una transformación digital conceptualizada e impulsada desde adentro, es decir, que el Estado construya y lidere la implementación de un nuevo paradigma en la gestión pública inteligente basado en la smartificación y robotización de los procesos operativos y de soporte de sus instituciones, que en principio debe incorporar las fortalezas y buenas prácticas de los actuales modelos de gestión y culturas que coexisten en las organizaciones en una plataforma propia orientada a sostener y perfeccionar lo que es más beneficioso para la sociedad en su totalidad, pero eso sí, erradicando aquellos modelos y malas prácticas que solo han contribuido a profundizar el deterioro y el descrédito que actualmente caracteriza a la administración pública en el país.
La propuesta se centra en erradicar el modelo clientelar de gestión vigente, además de reestructurar, smartificar y robotizar la administración pública a través del diseño de un sistema inteligente configurado por los modelos de gestión pública siguientes: burogerencial, regulador, y de gobernanza. La fusión de los modelos burocrático y gerencial configuran el modelo burogerencial, y debe realizarse a partir de los principios y beneficios que brindan cada uno de ellos a la administración pública, como son: la seguridad institucional y jurídica, así como la eficiencia y eficacia, respectivamente. Asimismo, se prevé que el sistema debe contar con un nuevo modelo de gestión pública inteligente transversal diseñado en base a las capacidades que actualmente disponen los 11 sistemas administrativos del Estado transversales a los 18 sistemas funcionales o ministerios.
