Por: CPC Ulises Rodas Dr. En Economía
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizo el domingo 7 de diciembre las elecciones primarias, vía delegados, de 37 organizaciones políticas (34 partidos políticos y 3 alianzas electorales), a fin de elegir sus candidaturas a la presidencia de la República, el Congreso y al Parlamento Andino.
Los resultados finales de las elecciones primarias realizadas por 34 partidos y 3 alianzas el domingo 7 de diciembre han sido comunicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que así podrá proclamarlos a más tardar, el 15 de diciembre y dar por concluido el proceso mediante el cual se define quiénes podrán postular en las Elecciones Generales 2026.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) precisó que son 38 organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran expeditas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.
Frente a este mercado de marcas personales la ciudadanía presenta una desconfianza crónica en las elites y las instituciones, por los largos episodios de corrupción y crisis institucional que han erosionado la confianza en los partidos políticos y autoridades, cuando las instituciones pierden legitimidad los ciudadanos buscan alternativas nuevas a la política tradicional, incluso si estas alternativas carecen de sustento técnico. Existe un rechazo a la casta política, surge la narrativa anti-elite y premia a outsiders y a quienes prometen ruptura, aunque sus propuestas sean inviables.
Existe un ruido mediático y polarización, por la baja calidad informativa, medios sensacionalistas, redes sociales priorizan relatos emocionales sobre un análisis riguroso, la agenda se centra en escándalos o frases simplistas. Muchos votantes especialmente del sector rural no disponen de herramientas para evaluar la viabilidad fiscal o las consecuencias macroeconómicas de promesas populistas. El elector se enfrenta a elecciones fragmentadas hacen que el voto sea reactivamente emocional (voto anti) en lugar de un voto evaluativo (voto por).
Existen incentivos cortoplacistas y clientelismo informal por la vulnerabilidad económica en contextos de pobreza y precariedad, los electores responden a ofertas con beneficios inmediatos (subsidios, transferencia directa, promesas de empleo) más que a reformas estructurales de largo plazo. Campañas que entregan bienes, promesas inmediatas o valores locales movilizan electores eficazmente en ausencia de programas creíbles.
Hace muchos años los partidos políticos fueron blanco de ataques por el sector de izquierda radical para desacreditar y convencer al ciudadano que el sistema político no funciona y hay que cambiarlo mediante una nueva constitución. Convirtiéndose en partidos débiles y posteriormente nace los partidos de marca personal que hoy enfrentamos basada en carisma no en capacidades técnicas o equipos de gobiernos sólidos, como puede ser posible haber llegada a tener 38 candidatos presidenciales la competencia se polariza y mensajes simples y extremos encuentran audiencias amplias.
La premisa en estas elecciones es hacer promesas electorales ofrecer todo para todos funciona como señal de generosidad y empatía; muchos votantes prefieren la promesa a la explicación técnica de por qué no es sostenible. presentaciones de soluciones instantáneas (por ejemplo, condonar deuda, duplicar pensiones, eliminar impuestos) resuenan cuando la complejidad queda relegada.
Estamos expuestos al voto por simpatía, calificar los errores simplistas de los candidatos, recordar un titular atractivo, llevan a decisiones menos racionales. Emociones dominantes: miedo, indignación o esperanza intensa pesan más que cálculos racionales sobre costo y beneficios colectivos.
Existen líderes que polarizan y ofrecen respuestas simples a problemas complejos; suelen capitalizar la insatisfacción social. La percepción de cercanía, lenguaje coloquial o promesas simbólicas pesan más que antecedentes técnicos.
Frente a este escenario, las consecuencias económicas y políticas enfrentan déficit, inflación, pérdida de inversión y ajustes abruptos posteriores. Políticas erráticas, conflictos con mercados y organismos multilaterales, y posibilidad de ciclos de sanciones o imprevistos macroeconómicos: los reveses económicos refuerzan la desconfianza y la volatilidad electoral, perpetuando el problema.
Al final del día nos preguntamos:
¿Qué está pasando con el ciudadano peruano?
Lo que se aprecia es la “fatiga democrática”. 20 años de presidentes procesados, vacados, renunciantes y sentenciados; el elector peruano ha desarrollado una coraza de escepticismo. La gente no busca un gestor, busca un “vengador” o un “mago”. El ciudadano peruano no está “fallando” por elección consciente del caos, sino que está reaccionando a un ecosistema donde la verdad técnica no tiene rentabilidad política. Mientras el plan de gobierno sea un documento que “nadie lee” y el debate sea un show de simpatías e insultos, seguiremos atrapados en el ciclo de elegir la esperanza de corto plazo sobre la estabilidad de largo aliento.
No es solo ignorancia, es una reacción racional ante gobiernos que no han servido al pueblo. Votar por promesas inmediatas puede ser un intento de priorizar supervivencia material frente a soluciones largas y técnicas que parecen no llegar. Informalidad, pobreza, ausencia de protección social efectiva y experiencias de exclusión hacen que ofertas de corto plazo tengan una lógica electoral comprensible. La política convertida en espectáculo favorece mensajes emocionales que son más persuasivos que los discursos técnicos. La política se ha judicializado; el Ministerio Público y el Poder Judicial se han convertido en operadores políticos, como queda demostrado con el exfiscal José Domingo Pérez, hoy convertido en abogado del golpista expresidente Pedro Castillo Terrones. Fiscal que cuando estuvo en funciones sometió tres veces a prisión preventiva a la Sra. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del partido Fuerza Popular. En complicidad con el juez Richard Concepción Carhuancho. Todo lo actuado fue declarado nulo, las resoluciones emitidas en el caso cocteles por el Tribunal Constitucional, nos guste o no nos guste.
¿Por qué elegimos propuestas inviables?
En las últimas cinco elecciones, nuestro país ha pasado de ser el “milagro económico” de la región a un estado de parálisis política crónica. El ciudadano no vota necesariamente “mal” por falta de inteligencia, sino como respuesta a gobiernos que han roto el contrato social. Por factores de corrupción generalizada, y llevar los recursos del Estado a gasto corriente en vez de priorizar inversión en hospitales, carreteras, puentes, colegios en favor de la ciudadanía.
El colapso de los partidos y la “venta de ilusiones”
Desde la caída de los partidos tradicionales (Acción Popular, el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y movimientos de alcance nacional como Fuerza Popular), la política peruana se convirtió en un mercado de marcas personales. Sin instituciones sólidas que filtren planes de gobierno serios, el elector se enfrenta a una góndola de productos (candidatos) donde el que ofrece el “beneficio inmediato” más atractivo gana la atención. Las promesas inviables actúan como un mecanismo de marketing en un entorno de alta informalidad (cerca del 75%). Para alguien que no recibe beneficios del Estado, un plan de gobierno a 20 años es ruido; una promesa de dinero directo o control de precios suena a solución.
El voto como “gasto de consumo” y no como “inversión”
En economía, distinguimos entre consumo (satisfacción inmediata) e inversión (beneficio futuro). El votante ha dejado de ver el voto como una inversión en estabilidad y lo usa como un voto de castigo o de desahogo. Al sentir que el “crecimiento macro” no llegó a su bolsillo, el ciudadano elige al candidato que mejor encarna su resentimiento contra las élites, aunque su plan económico sea técnicamente un suicidio financiero.
Hiperinflación de promesas
La psicología económica explica que los seres humanos tendemos a valorar mucho más el beneficio presente que el futuro. Si un candidato ofrece “renegociar contratos en 24 horas” (inviable pero emocionante) frente a otro que propone “reforma del servicio civil en 5 años” (viable pero aburrido), el cerebro del elector agotado por la crisis elegirá la gratificación instantánea.
El triunfo de las minorías
Hace dos décadas en nuestro país no gana el “mejor”, gana el que sobrevive a una primera vuelta hiperfragmentada. Con 38 candidatos, alguien puede pasar al balotaje con apenas el 10% o 15% de los votos válidos. Esto obliga a los candidatos a radicalizar sus ofertas para asegurar ese pequeño nicho, dejando la viabilidad técnica en segundo plano.
Aquí pretendo hacer algunas recomendaciones para revertir las tendencias (políticas públicas y acciones).
Campañas de educación cívica y económica accesibles, auditorías ciudadanas simplificadas y verificación de promesas en lenguaje claro. Fortalecer partidos y cuadros técnicos, incentivos para profesionalizar equipos de gobierno y transparencia en la presentación de planes de gobierno (costeo fiscal obligatorio y validado por institución independiente). Reducción del clientelismo político: digitalizar transferencias sociales, condicionar programas a transparencia y cobertura universal que reduzca el poder discrecional. Regulación de campañas y financiamiento, fiscalización más estricta, límites a gasto invisible y sanciones a publicidad engañosa. Instituciones técnicas: Ministerios, Banco Central, Contraloría, Defensoría del Pueblo deben comunicar riesgos y escenarios en formatos comprensibles y creíbles. Combinar soluciones inmediatas con reformas estructurales para mostrar resultados tangibles y construir confianza.
En estas elecciones del 12 de abril 2026 nos enfrentamos a muchas promesas inviables; es una combinación de desconfianza institucional, vulnerabilidad económica, información imperfecta, clientelismo y dinámicas mediáticas y psicológicas. Entender que muchos votantes actúan con racionalidad en contextos de precariedad que se propone mejorar información, reducir incentivos clientelares, profesionalizar la política y ofrecer resultados visibles a corto plazo sin sacrificar sostenibilidad fiscal. Sin estas acciones, la repetición del fenómeno en el 2026 y en elecciones futuras será probable.