La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega denunció que en medio de un clima electoral que mantiene distraídos a todos los peruanos, el 29 de abril, el Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 005-2026-PRODUCE e incorpora una “disposición” al Reglamento de la Ley General de Pesca que permitirá a 150 embarcaciones, obtengan permisos para pescar pota y perico.
“El problema es que estos recursos ya no pueden aumentar su presión pesquera. En ese escenario, si se tratara de embarcaciones construidas al margen de la ley, lo que correspondería según el marco normativo no sería su formalización, sino su retiro o incluso su destrucción”, sostuvo.
Proceso de formalización a través del Decreto Supremo N.º 006-2016-PRODUCE
Cabe recordar que, en 2016, el Estado creó un mecanismo para formalizar la flota artesanal mediante el Decreto Supremo N.º 006-2016-PRODUCE, que permitió a los armadores organizarse en cooperativas y obtener permisos de pesca. Gracias a este proceso, 930 embarcaciones de tres comunidades del norte iniciaron su formalización.
En 2021, el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) determinó que especies como la pota y el perico ya estaban siendo explotadas al máximo. Esto significa que no era posible incorporar más embarcaciones sin poner en riesgo la sostenibilidad de estos recursos.
La titular de SONAPESCAL señaló que las 930 embarcaciones mencionadas iniciaron su proceso antes de esta decisión, por lo que forman parte del esfuerzo pesquero ya existente.
En ese sentido, dijo que el proceso de formalización siguió vigente hasta el 31 de julio de 2023, a pesar que, en la práctica, ya no correspondía aceptar nuevas solicitudes para estas pesquerías.
Aun así, PRODUCE informó que se presentaron alrededor de 150 solicitudes adicionales el último día de este proceso.
En ese escenario, Elsa Vega indicó que lo esperado era que dichas solicitudes fueran rechazadas, ya que la normativa no permite aumentar la flota en pesquerías que han alcanzado su límite.
Expertos explican el desenlace del Decreto Supremo N.º 005-2026-PRODUCE
En ese contexto, Piero Rojas, especialista en Derecho Pesquero, afirmó que la Única Disposición Complementaria Final de la reciente norma introduce un cambio de fondo: “crea una nueva vía de acceso mediante dos etapas. Primero, la verificación de que las solicitudes cumplan con los requisitos previstos en el Decreto Supremo N.º 006-2016-PRODUCE. Segundo, la inspección de las embarcaciones para constatar su existencia y características técnicas, a fin de continuar el trámite del permiso de pesca. Es decir, si comprueba hoy que la embarcación existe, podría acceder a la extracción de los recursos pota y perico”.
Por su parte, Iván Gómez, especialista de la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA), explicó que la declaratoria de “plena explotación” fija un límite al esfuerzo pesquero permitido sobre un recurso.
“Cuando la pota y el perico fueron declarados por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) como plenamente explotados en 2021, el Estado reconoció que la pesquería ya no podía seguir creciendo sin afectar su sostenibilidad. Este ha sido el argumento por el cual PRODUCE, en distintas ocasiones, ha rechazado iniciativas de reabrir nuevos procesos de formalización”, señaló el ingeniero pesquero.
El sector artesanal muestra preocupación
Desde el sector pesquero artesanal, Elsa Vega, titular de SONAPESCAL, advirtió sobre los riesgos que abre esta norma:
“Si realmente hubieran existido 150 embarcaciones dedicadas a la extracción de pota y perico, estas se habrían presentado con mucha anterioridad, considerando que el proceso de formalización bajo cooperativas pesqueras empezó en 2016. Lo que se está haciendo es abrir una puerta peligrosa para validar embarcaciones que no han demostrado haber operado realmente en estas pesquerías y, con ello, se podrían estar formalizando embarcaciones que fueron construidas ilegalmente en astilleros clandestinos”, señala.
Asimismo, alertó sobre el precedente que se podría generar: “Si hoy se permite este ingreso, mañana otros armadores en la misma situación van a exigir lo mismo. Esto no solo debilita el ordenamiento pesquero, sino que presiona para reabrir nuevos procesos de formalización en recursos que ya están al límite”.
Elsa Vega añadió que en un sector donde la sostenibilidad depende de reglas claras y consistentes, decisiones como esta no solo impactan en el presente, sino que pueden redefinir el futuro de la gestión pesquera.
“La interrogante queda abierta: si se flexibilizan las reglas al final del proceso, ¿qué garantiza que no se repita el mismo patrón en adelante?”, concluyó la presidenta de SONAPESCAL.